Los 10 riesgos penales a los que están más expuestas las corredurías de seguros | ADN Seguros

Los 10 riesgos penales a los que están más expuestas las corredurías de seguros

El nuevo Código Penal, que entra en vigor el próximo 1 de julio, tiene como importante novedad

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

un asunto que afecta directamente a las corredurías de seguros.

Por Rafael Sierra
01 de Junio de 2015, 09:45CEST

Alfredo Liñán, asociado senior de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, explicó el pasado jueves en el XII Foro Adecose las implicaciones que puede tener para las corredurías esta reforma legal.

Comenzó advirtiendo que ya se están exigiendo ante la Audiencia Nacional responsabilidades a asociaciones, empresas o clubes de futbol, y que la clave principal para enfrentarse al problema es la prevención: “El regulador quiere cada vez más autoregulación en las sociedades para prevenir los delitos en la empresa. Además, hay que tener en cuenta que las denuncias penales contra las empresas pueden aumentar porque no tienen costas; no es necesario buscar en la empresa una persona culpable, y los denunciantes siempre suponen que las empresas son más solventes que los particulares”.

Cuidado con lo auxiliares

Un aspecto de crucial importancia en el caso de las corredurías es que pueden ser denunciadas penalmente por las acciones de sus auxiliares, por lo que deberán aumentar sensiblemente su cuidado en este tema, especialmente, en las contrataciones que realicen los auxiliares.

Liñán citó entre los los riesgos penales más comunes a los que se pueden enfrentar las corredurías a estos 10:

  1. Delitos contra la Hacienda Pública
  2. Delitos contra los consumidores, como puede ser la publicidad engañosa
  3. Delitos contra la propiedad intelectual
  4. Delitos contra la intimidad de las personas
  5. Financiación ilegal de partidos políticos (es una novedad en el Código)
  6. Insolvencias punibles
  7. Corrupción en los negocios
  8. Revelación de secretos y descubrimientos
  9. Blanqueo de capitales
  10. Estafas

Las penas que pueden imponer los jueces por estos delitos penales serán casi siempre multas para la sociedad, aunque también pueden sufrir la disolución de la persona jurídica, medidas de suspensión de actividades, clausura de locales, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, o incluso la intervención judicial.

Liñán insiste en que la sociedad sólo será culpable si ha obtenido provecho del delito o si no lo ha prevenido adecuadamente, por lo que las entidades deberán dotarse de manuales de prevención de delitos penales, que incluyan todas las medidas de prevención y la persona encargada de ponerlas en práctica en la empresa, pero advirtió que “hacer los manuales no basta, hay que cumplirlos. Delante de un juez puede ser peor tener un manual de prevención y no haberlo aplicado, que no tenerlo”.

También instó a las asociaciones de corredores a elaborar manuales tipo genéricos en este tema para sus asociados. Martín Navaz, presidente de Adecose, recogió el guante y prometió estudiar el tema en su asociación.

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